El magistrado Rafael Vásquez adoptó la decisión tras escuchar las conclusiones de los abogados de Ortega Luis Rivas, y Olivo Rodríguez Huerta, así como el abogado de Rodríguez Pimentel, Carlos Balcácer.
En sus conclusiones los abogados de Ortega pidieron al tribunal disponer de manera inmediata a Rodríguez Pimentel el cese de toda amenaza contenida en un acto donde les advierte a varios empresarios que no publiquen sus anuncios en el programa el Informe con Alicia Ortega.
Asimismo, condenar a Rodríguez Pimentel al pago de un astreinte de un millón de pesos diario por cada día de retraso en el cumplimiento de la decisión, liquidables cada 10 días, así como ordenar la ejecutoriedad provisional de la sentencia a intervenir, no obstante a cualquier recurso que contra la misma pueda ser interpuesta.
“Pedimos al juez que se ordene el cese de persecución y las amenazas de Rodríguez Pimentel y que se reconozca los derechos fundamentales de Alicia Ortega, enfatizó Rivas a la salida del tribunal, donde acudieron ejecutivos de medios, periodistas y representantes de la sociedad civil en apoyo a Ortega.
De su lado, Balcácer pidió al tribunal en audiencia desestimar el recurso interpuesto alegando que ellos habían desestimado la intimación que le habían hecho a los anunciantes.
Al tribunal acudieron decenas de personas con pancartas repudiando la actitud asumida por Pimentel, quien no compareció a la audiencia celebrada en el antiguo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes
Alicia Ortega insiste que con su acción legal busca proteger el derecho a la información que tiene como periodista y todos los comunicadores del país.
Rodríguez Pimentel había advertido mediante acto de alguacil a 33 empresas que promueven sus productos y servicios a través del citado programa, quienes serían acusadas de difamación ante los tribunales si no retiraban sus anuncios publicitarios, empero luego desistió de la misma.
A través de un documento escrito Ortega había señalado que “el objetivo de la acción legal es que la justicia ordene a Rodríguez Pimentel desistir de sus acciones para afectar los derechos fundamentales de libertad de pensamiento, de expresión y de información, consagrados en la Constitución y las leyes dominicanas”.
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