“En el gobierno no existe voluntad política para enfrentar la corrupción y hasta la fecha se exhiben pocos resultados por parte de las instancias responsables de perseguir y sancionar este delito”, dijo Isidoro Santana, miembro del Consejo Nacional de la entidad.
En una exposición durante la conclusión de la Decimoséptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción que se celebró en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), Santana dijo que la República Dominicana carece de un marco legal que regule la venta de bienes del Estado y el otorgamiento de concesiones, ingredientes que a su juicio posibilitan la corrupción.
Recordó que en el Congreso cursa un proyecto de ley desde hace más de tres que está llamado a regular el otorgamiento de concesiones en el Estado.
“Se hace necesario fortalecer la prevención e investigación de privilegios de todo tipo, por concepto de pagos que se efectúen en violación a las leyes, así como de la creación de legislaciones que rijan esta materia”, refirió.
Precisó que la debilidad del sistema dominicano que no cuenta con una legislación que “explícitamente niegue, impida o restrinja la obtención de beneficios tributarios mediante actos de corrupción”.
Manifestó que en la República Dominicana existen leyes que de manera indirecta impiden a funcionarios públicos y sociedades mercantiles u otro tipo de asociaciones la obtención de beneficios tributarios.
En su informe presentado en el plenario regional, Santana planteó que la República Dominicana también carece de mecanismos de protección a los funcionarios públicos y los ciudadanos que denuncien actos dolosos, ni una política de seguimiento a las declaraciones de bienes que los servidores públicos deben hacer antes y después de abandonar el cargo.
Por Miguel Pichardo






