WikiLeaks criticó la orden judicial, y dijo que es una forma de amedrentamiento.
“Si el gobierno iraní intentara obtener por la fuerza esta información de los periodistas y activistas, los grupos defensores de los derechos humanos de todo el mundo protestarían”, dijo Assange en una declaración.
Una copia de la orden judicial, fechada el 14 de diciembre y dirigida a Salon.com, dijo que la información solicitada es “relevante para una investigación delictiva en curso” y ordenó a Twitter no divulgar su existencia a Assange o ninguna de las personas investigadas.
La orden fue desvelada “gracias a las medidas legales de Twitter”, dijo WikiLeaks.
Twitter se ha negado a comentar, e indicó solamente que su política consiste en notificar a sus usuarios, siempre que sea posible, sobre las peticiones gubernamentales de información.
Otros que figuran en la orden son el cabo del ejército estadounidense Bradley Manning, sospechoso de ser la fuente parte del material publicado por WikiLeaks, y Birgitta Jonsdottir, una legisladora de Islandia y ex colaboradora de WikiLeaks conocida por su cometido en lanzar esa iniciativa de filtraciones en su país, con la que aspira a transformar la remota isla situada en el Atlántico Norte en un paraíso de la libertad de expresión.
Estados Unidos ha pedido además información sobre el hacker holandés Rop Gonggrijp y el programador estadounidense Jacob Appelbaum. Ambos trabajaron anteriormente con WikiLeaks.