El Tribunal Superior Administrativo fue apoderado ayer de un recurso de amparo, a fin de que se le dé cumplimiento a la ley que ordena invertir el 4% del PIB en la educación y que esa partida se incluya en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del 2011.El recurso fue presentado por los abogados Juan Manuel Pellerano Gómez, Luis Miguel Rivas, Elizabeth Mateo Pérez, Luis Rafael Pellerano Cabral, Federico Ortiz Galarza y Mildre Abreu Hernández, a nombre y representación de la Coalición Educación Digna, conformada por 165 organizaciones de la sociedad civil junto a 1,265 ciudadanos y ciudadanas.
En la instancia, los juristas pidieron al tribunal condenar al Senado y la Cámara de Diputados de manera solidaria al pago de un astreinte de 10 millones de pesos a favor de los accionantes en amparo, por cada día de retardo en la ejecución de la decisión a intervenir.
Asimismo, solicitaron a los jueces del Tribunal Superior Administrativo ordenar al Senado y la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del 2011 antes del 31 de diciembre del 2010, ya que de lo contrario la misma seguirá vigente.
“Pedimos al tribunal ordenar a ambas cámaras cumplir con las disposiciones de la ley 66-97, y muy en particular los artículos 197 y 198 de dicha ley, en la Ley General de Presupuesto General del Estado 2011 a ser aprobada”, aducen los abogados en la instancia.
“Este es un Estado Social Democrático de Derechos establecido así en nuestra Carta Magna, y el Congreso estaría violentando la misma esencia del Estado si no cumple con la garantía de los derechos fundamentales, en ese caso la Educación”, dijo Pellerano Gómez.
Contraparte
Cerca de 400 jóvenes que integran el movimiento “Joven por mi Patria” iniciaron una movilización en apoyo al Gobierno ante la proliferación de la demanda del 4% para la educación.
En visita a LISTÍN DIARIO, Sahel Abréu y Jadher Helena, coordinadores del grupo, consideraron que el debate de la educación no se debe concentrar sólo en el aspecto económico.