Un juez de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, que había sido sometido en tres oportunidades a un juicio disciplinario, fue destituido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, así como una abogada notaria por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
El magistrado José Ramón Pérez Bonilla fue hallado culpable de variar con facilidad las medidas de coerción de prisión preventiva por la presentación de garantías económicas a personas acusadas de narcotráfico.
En su decisión, el alto tribunal sostiene que pese a haber sido sancionado disciplinariamente con una suspensión por 30 días y sin disfrute de sueldo, fue necesario destituir al juez porque reincidió en tales faltas.
“Las actuaciones y comportamiento del juez de instrucción Pérez Bonilla constituyen la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, razones que justifican la separación de dicho magistrado de la posición que ocupa”, aduce la sentencia del alto tribunal judicial.
Según la Suprema, el juez destituido procedió a variar la medida de coerción de prisión preventiva impuesta al imputado Leandro Martínez Pouriet, acusado de haber asesinado a su esposa Cleotilde Matos Melo, por una garantía económica sin haber realizado una valoración real y concreta de los presupuestos del caso.
A juicio del pleno de la Suprema Corte, esto quedó evidenciado cuando al ser modificada por la Corte dicha resolución de garantía económica, el imputado se fugó y evadió la justicia.
Sostiene que el juez acostumbraba con notoria facilidad a variar medidas de coerción impuestas por la presentación de garantía económica, particularmente en los casos de violación a La Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El magistrado José Ramón Pérez Bonilla fue hallado culpable de variar con facilidad las medidas de coerción de prisión preventiva por la presentación de garantías económicas a personas acusadas de narcotráfico.
En su decisión, el alto tribunal sostiene que pese a haber sido sancionado disciplinariamente con una suspensión por 30 días y sin disfrute de sueldo, fue necesario destituir al juez porque reincidió en tales faltas.
“Las actuaciones y comportamiento del juez de instrucción Pérez Bonilla constituyen la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, razones que justifican la separación de dicho magistrado de la posición que ocupa”, aduce la sentencia del alto tribunal judicial.
Según la Suprema, el juez destituido procedió a variar la medida de coerción de prisión preventiva impuesta al imputado Leandro Martínez Pouriet, acusado de haber asesinado a su esposa Cleotilde Matos Melo, por una garantía económica sin haber realizado una valoración real y concreta de los presupuestos del caso.
A juicio del pleno de la Suprema Corte, esto quedó evidenciado cuando al ser modificada por la Corte dicha resolución de garantía económica, el imputado se fugó y evadió la justicia.
Sostiene que el juez acostumbraba con notoria facilidad a variar medidas de coerción impuestas por la presentación de garantía económica, particularmente en los casos de violación a La Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.