Así juntos como en asamblea nacional, los legisladores se tragan los recursos que ayudarían a las provincias pobres a dar un paso hacia el progreso real. Foto: Archivo/PD.
El escalofriante monto está contenido en un informe presentado por la entidad no partidista Participación Ciudadana durante la clausura de la Decimoséptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) que se celebró en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
“Esto a pesar de que la República Dominicana cuenta con un marco legal que regula las exoneraciones para el pago de impuestos y, en este caso en lo referente a las importaciones de vehículos de motor por parte de legisladores”, indicó Isidoro Santana, quien leyó el informe en representación de PC.
Para Santana, sin emb argo, esa escandalosa suma millonaria invertida por el Estado para complacer las compras de carros lujosos de los legisladores contrasta con los altos niveles de pobreza que se observan en cada una de las provincias de todo el país.
Explicó, además, que amparados en la Ley 56 de 1996 sobre exoneración impositiva a los vehículos importados por los legisladores, en el período 2008-2009 estos funcionarios electos adquirieron vehículos de lujo por un monto de más de 549 millones de pesos, mientras se les exoneró el pago de los impuestos por más de 300 millones.
El MESICIC estudia la posibilidad de implementar en países como la República Dominicana, Panamá, Chile, El Salvador, Las Bahamas y Nicaragua, las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Citó que entre las referidas disposiciones se cuentan: las relacionadas con la negación de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales o extranjeros, el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito y la extradición.
Dijo que los expertos anticorrupción analizan el marco jurídico e institucional de la República Dominicana y la formulación de recomendaciones concretas para mejorarlo en temas tan sensibles como los anteriormente denunciados.
Por Miguel Pichardo